EL GOBIERNO DENUNCIÓ A EX FUNCIONARIOS DE SEGURIDAD DE PATRICIA BULLRICH

El 1 de agosto de 2017, Nocetti llegó a Bariloche con la orden de Patricia Bullrich de detener a todos los miembros de la RAM que cometieran delitos en la vía pública y en flagrancia.

Por supuestos delitos cometidos en 2017 durante el desalojo del piquete en la Ruta 40 de Chubut que terminó con la desaparición de Santiago Maldonado.

El Ministerio de Seguridad de la Nación denunció hoy a tres ex funcionarios de la misma cartera durante la gestión de Patricia Bullrich por posibles delitos realizados durante el desalojo de la Ruta Nacional 40 que desembocó en la desaparición y posterior aparición sin vida de Santiago Maldonado.

El hecho ocurrió el 1 de agosto de 2017, cuando parte de la comunidad mapuche se encontraba manifestando y bloqueando el paso de la Ruta Nacional 40, en la provincia de Chubut. Allí, Gendarmería reprimió para levantar el corte, dejando como saldo la desaparición de Maldonado.

A tres años del suceso, el Ministerio de Seguridad denunció por los delitos de “perturbaciones al ejercicio de la función pública, usurpación de autoridad, abuso de autoridad y violación de deberes” a Pablo Nocetti, jefe de Gabinete del ministerio en aquel momento; Gerardo Otero, ex director de Gendarmería Nacional; y Ernesto Robino, subdirector de la fuerza.

“Gendarmería Nacional, obedeciendo las estrictas instrucciones y directivas que habían sido impartidas por Pablo Nocetti y la superioridad institucional de la Fuerza, se apersonaron en la carretera para proceder a su despeje, señala la denuncia.

Sobre el accionar de Pablo Nocetti, tanto en la previa al desalojo como la ejecución misma del operativo, el escrito sostiene que “podría configurar una violación a los deberes de funcionario público”.

Incluso, el escrito sostiene que el comportamiento de la fuerza durante la represión fue obedeciendo “a una decisión motivada por la voluntad política habiéndole otorgado las máximas autoridades del Ministerio de aquél entonces, a la Gendarmería Nacional un aval político y jurídico para actuar”.

La denuncia, que califica el hecho como “improcedente e ilegal”, es producto de una investigación ordenada por la actual ministra de Seguridad para “dirimir la existencia o no de conductas pasibles de reproche disciplinario respecto de las decisiones y el accionar llevados a cabo por los jefes a cargo de los operativos de despeje” aquel 1 de agosto de 2017.

Además de mencionar voluntades políticas, directivas específicas y presiones que tuvieron como consecuencia “negligencias y faltas graves” por parte de Nocetti, la denuncia afirma que Maldonado murió ahogado el 1 de agosto mismo.

La causa quedó a cargo del juez federal Sebastián Casanello y contará con la participación del fiscal Carlos Rivolo.

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