En las últimas horas se confirmó que quienes se inscriban para obtener el beneficio de la segmentación de tarifas, no podrán acceder a la compra del dólar ahorro que permite mensualmente el Banco Central.
El Gobierno anunció esta semana la extensión del plazo de inscripción para la segmentación energética hasta el 31 de julio inclusive.
Los interesados deberán completar el formulario de inscripción que continúa abierto para todas aquellas personas que aún no se hayan inscripto, con cualquier número de DNI.
El nuevo esquema de subsidios tiene como principal objetivo alcanzar “tarifas razonables y justas para el valor de la energía”.
La iniciativa propone una distribución de los subsidios basada en la capacidad económica de cada hogar. Para ello, se establecieron tres grupos: segmento de ingresos altos (ingresos mensuales totales del hogar equivalentes o superiores a $ 364.758,80); segmento de ingresos medios (ingresos mensuales totales entre $ 104.216,80 y $ 364.758,80); y segmento de menores ingresos (Ingresos netos menores a $104.216,80).
Asimismo, se conoció que una vez finalizada la inscripción, se realizará un entrecruzamiento de datos entre la AFIP y el Banco Central para terminar de determinar a los beneficiarios.
Una de las condiciones será que quienes reciban el subsidio, no podrán comprar los US$ 200 mensuales que habilita el Gobierno nacional.
Cabe remarcar que tampoco pueden comprar dólar ahorro los trabajadores que en algún momento hayan cobrado su sueldo con el programa ATP o mediante el Repro 2: clientes de bancos que con facilidades para el pago de deudas, como refinanciación de los saldos impagos de tarjeta de crédito o el congelamiento de las cuotas de los préstamos UVA; monotributistas o desempleados que hayan cobrado el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE); personas que recibieron préstamos subsidiados por parte del Estado; quienes comprado dólares en la Bolsa en los últimos 90 días; quienes tengan gastos en dólares con la tarjeta de crédito por más de US$ 200; cotitulares de cuentas bancarias; y personas que haya comprado criptomonedas en pesos u otros activos a particulares en los 90 días previos al día de la transacción.
