En un juicio histórico, el Tribunal Criminal Oral Nº 1 de Dolores condenó a los rugbiers que asesinaron a Fernando Báez Sosa y dividió el fallo: a cinco de los ocho se les dictó un fallo de prisión perpetua mientras que los tres restantes recibieron 15 años.
Máximo Thomsen, Ciro y Luciano Pertossi, Enzo Comelli y Matías Benicelli fueron condenados a prisión perpetua por el delito de homicidio doblemente agravado por premeditación y alevosía, en concurso real con lesiones leves.
Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi, por su parte, recibieron penas de 15 años de presión por ser considerados partícipes secundarios del hecho ocurrido en la madrugada del sábado 18 de enero del año 2020 a la salida del boliche Le Brique, en el centro de la ciudad de Villa Gesell.
La decisión fue tomada por unanimidad por los jueces María Claudia Castro –presidenta del TOC Nº 1–, Christian Rabaia y Emiliano Lázzari, luego de un proceso judicial que tuvo 13 audiencias y por el que pasaron 87 testigos, 3 años y 17 días después de cometido el brutal homicidio.
Un dato a resaltar es que, mientras se daba lectura al fallo, Thomsen sufrió una descompensación y cayó sobre su silla –estaban parados porque, previo a esa lectura, el abogado Hugo Tomei había solicitado escuchar la resolución de pie–, y la misma debió ser interrumpida para asistirlo.
En el fallo se dio lugar al pedido de la Fiscalía, a cargo de Juan Manuel Dávila, para que continúe en otro expediente las denuncias por falso testimonio sobre Juan Pedro Guarino, uno de los dos sobreseídos junto a Alejo Milanesi, y Tomás Colazo, el sindicado como “rugbier Nº 11”, quienes declararon oportunamente ante el Tribunal.
Si bien se verá la decisión que se tome en la siguiente instancia judicial de Casación, con este fallo se espera que los cinco condenados a perpetua no pasen menos de 32 años en prisión, por lo que descontados los 3 que llevan desde el momento de la detención, aún les quedarían 29 años tras las rejas, y saldrían en una libertad condicional en caso de que muestren buena conducta, intenciones de formarse y estudiar y proactividad laboral.
En el caso de los condenados a 15 años, podrían dejar las rejas cumplidos los dos tercios de sus penas; es decir a los 10 años, a los que llegarían en 7 más bajo las mismas condiciones que los anteriores.
